Hace treinta y cuatro años, tras cuatro décadas privados de libertad,
los españoles construimos el marco para la convivencia por el que
habían trabajado varias generaciones de demócratas: La Constitución
de 1978.
Una Constitución que garantiza los derechos y libertades de todos los
ciudadanos, y que ha sido fundamental para el desarrollo integral de
España.
Una Constitución abierta, capaz de incluir a todos, de amparar las
distintas concepciones ideológicas y de permitir una efectiva
alternancia de gobiernos de distinto signo. Una Constitución aprobada
por un amplio consenso, que fue concebida como obra de todos y
para todos, que todos debemos defender, y cuya paternidad nadie
puede arrogarse en exclusiva.
Los españoles debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido
desde entonces. En estos momentos tan difíciles, también para las
instituciones, el proceso de elaboración y discusión del texto
constitucional es un excelente recordatorio de que cuando trabajamos
unidos en torno a unas metas compartidas somos capaces de superar
grandes dificultades.
Vivimos un momento de crisis económica global, que en nuestro país
es especialmente intensa; una crisis que ha traído desempleo y
precariedad para millones de trabajadores y trabajadoras, y enormes
dificultades para sus familias.
En este contexto, se están produciendo cambios sustanciales en el
Estado del bienestar, que durante estos años en democracia ha
garantizado la cohesión social, la convivencia y el éxito económico de
nuestro país. La Constitución sigue siendo un referente que debe
contribuir a dar respuestas contundentes para impulsar soluciones
diferentes a las que se están adoptando; respuestas que deben
superar los dogmatismos económicos y los dictados del capitalismo
especulativo.
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El carácter democrático del Estado de Derecho, consagrado en el
Artículo Primero de la Constitución, exige de los poderes públicos que
intervengan para corregir desigualdades y conseguir la igualdad real
entre los hombres y mujeres, así como que defiendan los valores de
libertad, justicia y pluralismo político, y la dignidad de la persona
como el fundamento del sistema.
La Constitución concibe la Justicia como un poder del Estado, y la
configura como un derecho y como un servicio público de carácter
prestacional dirigido a la protección de los derechos y de los intereses
legítimos de la ciudadanía. Por ello, los socialistas renovamos nuestro
compromiso con una justicia propia del siglo XXI: una justicia eficaz,
ágil y próxima al ciudadano. Un compromiso que choca con las
últimas medidas adoptadas por el Gobierno, que suponen un serio
obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia en
condiciones de igualdad.
Como norma de nuestro tiempo, los preceptos de libertad de
conciencia, ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del
Estado, están garantizados por la Constitución y como tales deben
ser respetados de modo efectivo por cualquier Gobierno, con
independencia de la ideología propia del Partido que lo sustente.
Asimismo, la Constitución contiene el marco normativo del estado
Social, comprometido con el acceso de los ciudadanos a unas
condiciones de vida dignas, a través de la educación, la salud, el
trabajo y la vivienda, para garantizar la cohesión y la equidad.
Frente al fracaso de las políticas económicas que la crisis global ha
puesto de manifiesto, los socialistas consideramos que la dimensión
social que define nuestra Constitución legitima la intervención de los
poderes públicos, la regulación y la supervisión pública en base al
interés social que no debe disociarse de la dignidad humana.
Nuestra Constitución proclama “el derecho y el deber al trabajo” y
que, “los poderes públicos de manera especial, realizarán una política
orientada al pleno empleo” y sitúan al empleo como prioridad. Por
ello la creación de empleo y la lucha contra el paro son nuestro
compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
Nuestra Constitución afirma que “los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación”, “siendo la enseñanza básica
obligatoria y gratuita” y dispone que “los poderes públicos
promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en
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beneficio del interés general”. Los socialistas creemos básico el
fortalecimiento de la enseñanza pública, la mejora de la cohesión y la
calidad del sistema.
Nuestra Constitución establece “el derecho a la vivienda y la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación” y reconoce “el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado” con el fin de proteger y mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía.
Nuestra Constitución reconoce “el derecho a la protección de la salud”
y a “mantener un régimen de seguridad social para todos los
ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad”.
En el marco de nuestra Constitución se ha desarrollado un Estado
autonómico que es la base del bienestar de nuestro país, y la clave
de la reducción de las enormes desiguales que existieron en el
pasado entre las diferentes regiones españolas. El modelo
autonómico ha ido avanzando y desarrollándose, adaptándose a los
tiempos, mejorando su funcionamiento y progresando a través de las
diferentes reformas estatutarias.
Ahora ha llegado el momento de que el principal marco regulador de
ese Estado autonómico evolucione. Por eso, para avanzar en el
autogobierno de las actuales Comunidades Autónomas, los socialistas
queremos mejorar la Constitución. Necesitamos crear, ahora más que
nunca, un nuevo marco jurídico en el que todos los integrantes del
Estado se sientan cómodos y reconocidos en sus especificidades. Para
ello, consideramos que es fundamental abrir un amplio proceso de
diálogo, que debe estar presidido por los mismos valores de
responsabilidad, generosidad y lealtad que inspiraron la Transición.
Felicitémonos hoy por los treinta y cuatro años de convivencia en
paz, libertad y democracia que, amparados bajo el paraguas de la
Constitución de 1978, hemos disfrutado los españoles; y
construyamos, más pronto que tarde, una Europa unida, fuerte y
cohesionada en lo político y económico. Una Europa que vele con
decisión por los intereses de los Estados miembro y de sus
ciudadanos. Una ciudadanía europea que tenga como cimientos todo
lo que nos une, y donde nuestros jóvenes sean protagonistas del
presente y del futuro.
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El PSOE aborda este momento con energía renovada para superar la
grave situación que vive España, decidido a afrontar los desafíos
desde el espíritu de diálogo y consenso con que fue posible elaborar,
hace treinta y cuatro años nuestra Constitución. Invitamos por ello al
resto de fuerzas políticas, a las instituciones y a los agentes
económicos y sociales al diálogo, al acuerdo y al pacto para defender
el Estado del Bienestar, impulsar el crecimiento económico y el futuro
de España.
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